Si tienes un tejado, tienes un tesoro. Este dicho, se ha hecho más fuerte en los últimos años en España, dónde las viviendas de tipo unifamiliar son reducidas, mientras el 65.8% de las edificaciones son construidos en bloque, 20 puntos por encima de la media en Europa. Por lo que de momento, en España toca compartir instalaciones solares fotovoltaicas.
Hay un gran número de comunidades autónomas que ya han puesto en funcionamiento el autoconsumo eléctrico. Justo antes del confinamiento por el COVID 19 y siguen rematando obras para transformar la iniciativa en una de las primeras instalaciones colectivas con energías renovables del país. La normativa actual contempla que es necesario un acuerdo del 33% de una comunidad para instalar placas solares fotovoltaicas, independiente del número de personas que lo vayan a disfrutar. Se trata de la Ley de Autoconsumo de 2019, la cual, permite producir electricidad en común, volcar la energía sobrante a la red y cobrar por ella.
Sobra con encender un televisor y ver la publicidad cada día mayor en soluciones solares fotovoltaicas, que incluye también las que hacen las tradicionales empresas de energía que se han sumado a esta iniciativa renovable.
Desde la aprobación del decreto, se han instalado ya 458W de energía solar fotovoltaica. Una cifra muy positiva, si tenemos en cuenta, el parón que ha supuesto el COVID 19, eso sí, en el consumo doméstico ha habido tiempo suficiente para informarse y ahorrar. Ahora es la Administración quien debe llevar a cabo los trámites burocráticos en un periodo de tiempo más corto.
El Ministerio de Transición Ecológica ha informado que el autoconsumidor no pagará los cargos de los peajes de la luz. La Guía Profesional para la tramitación del autoconsumo de IDAE es un impulso para seguir aumentando los proyectos fotovoltaicos durante el 2021.
Con estas soluciones y algo de retraso a los países de nuestro entorno (hasta el RDL 15/2018, el autoconsumo compartido no se permitía) comienzan a sustentarse las primeras comunidades energéticas de España. Se trata de una fórmula en la que cada vecino se hace cargo del pago del una cuota y puede disminuir de su factura de electricidad, los kilovatios de una instalación solar dispuesta en la azoteo de algún edificio público, lo que supone unas cifras de ahorro cercanas al 40%.